Ejército de Resistencia del Señor

El Ejército de Resistencia del Señor (ERS), conocido internacionalmente por sus siglas en inglés, LRA (Lord's Resistance Army) es una organización terrorista cristiana que opera principalmente en el norte de Uganda, combatiendo contra el gobierno de dicho país, en lo que constituye uno de los mayores conflictos armados de África. Su líder es el fanático Joseph Kony, autoproclamado médium espiritual, quien, al parecer, pretende establecer un régimen teocrático supuestamente basado en el cristianismo. El ERS ha sido acusado por diversos grupos de defensa de los derechos humanos de cometer graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el secuestro de personas, la utilización de niños soldados y un gran número de masacres.
Se calcula que desde su fundación en 1987, el ERS ha secuestrado cerca de 20.000 a 30.000 niños que son utilizados como soldados y esclavos sexuales. Unos 14.000 niños han sido secuestrados en los distritos de Gulu y Kitgum (4.000 en este último), al norte del país, cerca de 5.000 han escapado y 2.000 fueron llevados a campos de entrenamiento al sur de Sudan. Por su parte los rebeldes de las Fuerzas Aliadas Democráticas (Allied Democratic Forces o ADF) ha usado 8 a 10 mil niños como soldados.En 1997 habían 3 a 5 mil niños en poder de los rebeldes. El actual presidente del país, Yoweri Museveni, uso en los 80's unos 3.000 niños soldados.
Las principales víctimas de este grupo armado son acholi, habitantes de la región de Acholilandia, en el norte de Uganda. Sin embargo, el ERS actúa en el sur de Sudán, utilizando tácticas similares contra la población.
Durante el conflicto se calcula que han muerto más de 12.000 personas, sin contar el elevado número de fallecidos por enfermedades y desnutrición imputable directamente al conflicto. Cerca de dos millones de personas han sido obligadas a desplazarse de sus hogares como refugiados. Pese a estas cifras, sólo en abril de 2002 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió una condena en contra de estos graves crímenes.
Los cerca de doscientos combatientes que aparentemente componen en la actualidad el ERS se encuentran perseguidos y acosados por miembros del ejército ugandés, que pese a sus esfuerzos no ha podido acabar con la insurgencia. Se calcula que el costo acumulado del conflicto asciende a US $1.300 millones, equivalentes al 3% del PGB de Uganda, o cerca de US $100 millones anuales.
A solicitud de Uganda, el fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo tomó conocimiento de las graves denuncias sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario. En octubre de 2005 se emitieron las primeras órdenes internacionales de búsqueda y captura contra los principales dirigentes del ERS.